TRABAJO EN PRISIÓN.FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA

TRABAJO EN PRISIÓN. OBSERVANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO

Autores:

Lola Frutos Balibrea Dpto. Sociología y Trabajo Social. Universidad de Murcia

Antonio Viedma Rojas Dpto. Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social). UNED

Consuelo del Val Cid Dpto. Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social). UNED

Resumen:

La relación entre trabajo y prisión ha sido constante e intensa a lo largo de la historia. El vínculo entre uno y otra se ha justificado socialmente como una acción punitiva, disciplinaria y explotadora, también lo ha hecho como un instrumento unido al proceso de socialización y normalización de la vida cotidiana en prisión, y como una actividad ligada a la subsistencia económica de las personas presas.

Este trabajo se centra en la dimensión económica de subsistencia y, más concretamente, en el modo en que incluso en estas situaciones de extrema vulnerabilidad, la organización social del trabajo en prisión reproduce desigualdades entre varones y mujeres de una manera similar a como sucede fuera de la prisión. Las desigualdades entre unos y otras se dan tanto en el acceso y asignación a las mejores posiciones en la estructura laboral como en el salario que perciben por su trabajo. Las mujeres ocupan los puestos menos valorados, como la limpieza o los relacionados con los cuidados, mientras que los varones acceden al trabajo de talleres, cocina y otros puestos mejor remunerados. Las mujeres, además, trabajan menos tiempo y de un modo menos continuo, lo que provoca que al final sus salarios también sean menores.

Los resultados de esta ponencia derivan del proyecto de I+D+I denominado “SINDISCRIP”[1]. El objetivo principal del proyecto era la creación de un sistema de indicadores que permitiese observar la posible existencia de desigualdades entre varones y mujeres en prisión que pudiesen conducir a la discriminación.

Palabras clave: trabajo, prisión, género, desigualdad.

1. Presentación de la investigación

Aunque existen tres prisiones exclusivamente de mujeres, dos con módulos externos para madres que viven con sus hijos y una con un módulo para familias con niños menores de 4 años, la gran mayoría de las reclusas que cumplen sus condenas en las prisiones españolas[2] lo hacen en centros penitenciarios diseñados específicamente para varones. Su relativa reducida presencia entre la población reclusa (7,5 - 8% del conjunto) y, sobre todo, el modo en que son distribuidas en el conjunto de prisiones por la institución penitenciaria hace que su peso respecto a sus compañeros sea minoritario en todos los centros. Lo habitual es que la proporción de mujeres en un centro penitenciario no supere el 10% o sea mucho menor.

Esta desproporcionada distribución hace que la mayoría de las mujeres vivan en centros con un régimen de seguridad pensado para controlar situaciones con un riesgo mucho más elevado del que ellas suelen provocar o, incluso, que la seguridad se acentúe aún más para protegerlas de sus propios compañeros o para evitar la interacción con ellos. Las dificultades para moverse dentro de las cárceles, para realizar actividades, comunicar o para acceder al trabajo o la educación hacen que la situación para ellas se asemeje a la de vivir en cárceles dentro de cárceles.

Cuando estas restricciones en el régimen de vida pueden afectar a Derechos fundamentales, la medida de las diferencias entre unos y otras resulta muy importante. De los resultados de estas medidas se pueden derivar desigualdades que pueden conducir a situaciones discriminatorias.  La medida de estas diferencias fue el objetivo del proyecto SINDISCRIP realizado a partir del estudio de 42 centros penitenciarios, en los que al menos había 10 mujeres. El segundo objetivo de SINDISCRIP era crear un instrumento de recogida de información que permitiera medir las posibles diferencias anualmente.

Las áreas específicas que abordó SINDISCRIP fueron: a) condiciones de vida y régimen penitenciario; b) Derechos fundamentales -trabajo, educación, salud, comunicación- y, c) igualdad de oportunidades -acceso y adecuación de programas y actividades-.  En esta ponencia se expone una reflexión sobre los resultados del área de trabajo.

2. El trabajo en las cárceles: introducción histórica y teórica

La relación entre trabajo y sistema penitenciario ha sido constante e intensa a lo largo de la historia. Matthews (2003) plantea que este vínculo se ha mantenido atendiendo a dos tipos de estrategia: la que justifica el trabajo penitenciario a partir de la lógica económica, es decir, la que considera sus resultados como una oportunidad de negocio a los empresarios o al Estado, al posibilitarles competir en el mercado con los bajos costes de producción que permite la explotación de los presos y, la que encuentra su razón de ser en la capacitación y rehabilitación de los mismos, es decir, en la lógica del tratamiento. Con matices, ambas lógicas subsisten hoy día.

No hay que olvidar que el trabajo ha sido también una forma de ahondar la penalidad del encierro en la historia del sistema penitenciario (Aranda 2006: 119-121). En España, el ejemplo más reciente lo proporcionan los presos condenados a “los batallones de trabajadores” que desde la década de los cuarenta y hasta los sesenta realizaron grandes obras civiles a cambio de la reducción de sus penas (Acosta 2004) (Molinero, Sala y Sobrequés  2004).

Esta situación no es extraña en la historia de la relación entre el sistema penitenciario y el trabajo, y por este motivo Melossi y Pavarini (1981) construyeron una teoría sobre la genealogía común del capitalismo y los sistemas penales. En su libro “La cárcel como fábrica” estos autores analizan el papel de la cárcel como forma específica de castigo localizada entre la emergencia del capitalismo social y el desarrollo del trabajo industrial. Tanto la fábrica como la cárcel se han consolidado como los espacios sin libertad del sistema político y económico.

Hoy día, en el ámbito español, el trabajo en prisión sirve fundamentalmente para articular y normalizar la vida cotidiana durante el encierro (Miguélez, 2007). La investigación de Miguélez sobre las prisiones en Cataluña muestra que la función educativa (estructuración del tiempo de la vida cotidiana, aprendizaje de pautas colectivas, trabajar en grupo), así como la generación o mantenimiento de valores “asociados al esfuerzo, la autonomía individual y el autosostenimiento”, son los elementos clave en la inclusión del trabajo en el ámbito penitenciario. En las prisiones del resto del Estado la situación es muy similar.

Para comprender el trabajo penitenciario sería necesario realizar una observación integradora que tuviera en cuenta tanto los contextos económicos como los sociales en cada momento histórico. Hoy día, sin duda, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la convivencia conjunta en las prisiones modernas hace necesaria la inclusión de la observación de las desigualdades de género en la división social del trabajo en prisión. Este tipo de desigualdad se superpone a otras derivadas de la condición de inmigrante o de pertenecer a determinadas etnias.

Este trabajo centra la mirada en las desigualdades estructurales que se derivan del hecho de ser mujer, es decir, en conocer si la cultura del trabajo androcéntrica produce desigualdades estructurales en las mujeres.

La conclusión más importante a la que se ha llegado es que el espacio penitenciario produce y reproduce las mismas desigualdades que se dan, de una forma similar, fuera de la prisión. El tipo de trabajo mayoritariamente ocupado por las mujeres extramuros (cuidados y tareas de mantenimiento del hogar) es el mismo que realizan también mayoritariamente en las prisiones; y, los trabajos más especializados, mejor valorados y mejor pagados son ocupados principalmente por los varones.

3. El trabajo como mecanismo de inclusión social desde la perspectiva de género

El trabajo sigue siendo uno de los factores de integración y cohesión social más importantes en las sociedades actuales. La literatura socioeconómica ortodoxa ha conceptualizado el trabajo de manera restringida, exclusiva del trabajo asalariado, y apenas ha concedido importancia a otro tipo de trabajo que no esté incorporado a la producción de mercancías. Tradicionalmente, la teoría se ha construido siguiendo un modelo androcéntrico basado en el modelo del cabeza de familia: varón “ganapán”. La asimetría de poder entre varones y mujeres sigue siendo una característica que se mantiene en todas las sociedades en mayor o menor grado. Esta desigualdad se reproduce tanto en el espacio público como en el privado. De hecho, como ya señaló Sen (1990), en el interior de las familias se dan tanto la cooperación como el conflicto. El conflicto a menudo se relaciona con el hecho de que el trabajo doméstico se volvió “invisible” conforme se iba definiendo el trabajo real como aquel por el que se percibe un salario. Así, aunque el trabajo remunerado es el más valorado socialmente, hay que considerar que los cuidados a las personas que se realizan en el hogar —mayoritariamente por las mujeres—, cumple también esa función de integración.

La incorporación de la categoría de género al análisis socioeconómico de las relaciones sociales es muy reciente y aún más en el caso de la población reclusa. A menudo la ciencia económica ha incorporado estereotipos sobre el trabajo remunerado realizado por las mujeres (Frutos, 2006), por lo que es importante partir del análisis feminista ya que cuando las mujeres participan en el mercado de trabajo lo hacen desde una posición desfavorable (Frutos 2006:42). De hecho, el abandono de los estudios o del trabajo remunerado para las mujeres está ligado al mandato social oculto de cuidar de su familia, como si se tratara de un contrato previo al contrato social. De ahí que las mujeres tienden a ubicarse en mercados secundarios, en palabras de Piore (1983), en los que es más fácil caer en un momento determinado de sus trayectorias vitales en la exclusión y en el delito. No obstante, uno de los puntos débiles de las teorías de la segmentación de los mercados es considerar a las mujeres como un todo homogéneo ubicado en el sector secundario (Frutos, 2006:60). En efecto, no se consideran factores relevantes, como son la clase social de pertenencia, la etnia, las cualificaciones, el nivel educativo adquirido, la situación familiar etc.

Al considerar el sistema de género como una relación social es relevante tener en cuenta simultáneamente la producción y la reproducción para considerar plenamente a las mujeres como 'actoras' sociales.

Históricamente, en los países occidentales, el Mercado de Trabajo ha sido construido en sucesivas etapas. En la época ''fordista'', entre el fin de la segunda guerra mundial y hasta la crisis del petróleo del año 1973, se desarrollaron las bases del Estado de Bienestar con la aplicación del modelo keynesiano de pleno empleo masculino y la extensión de lo público, especialmente en educación, sanidad y servicios sociales, lo que supuso un avance hacia la igualdad al ensancharse las capas medias de la sociedad y mejorar las condiciones de vida de toda la población.

En este contexto se perpetúa la figura del asalariado como actor social clave, como consecuencia de la regulación entre capital y trabajo, y se asienta la centralidad del trabajo como base de derechos y de integración social, especialmente en el caso de los varones, constituidos en “ganapanes” para el resto de la familia, mientras que las mujeres permanecían en los hogares (Frutos, 2008). Además, las luchas obreras lograron el reconocimiento de ciertos derechos humanos básicos plasmados en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Esta etapa conocida como Estado del Bienestar corresponde a la época de los gobiernos socialdemócratas.

El análisis feminista ha prestado atención al subtexto patriarcal del Estado de Bienestar (Frutos 2006:80). Su diseño parte de la idea de que las bases de la ayuda del Estado del Bienestar para compensar situaciones de vulnerabilidad (por enfermedad, paro, jubilación), se refieren a varones que trabajan en el empleo remunerado. Los hombres son los titulares de 'derechos directos’, mientras que las mujeres los perciben en función de su relación con el cabeza de familia.

A partir de la crisis de los setenta, en la llamada etapa “postfordista”, como señala Castells (1995:418-419), se va a producir una quiebra de la relación salarial como base de la integración social: "las políticas de integración estaban animadas por la búsqueda de los grandes equilibrios y la homogeneización de la sociedad a partir del centro. Procedían mediante directivas generales a nivel nacional para promover el acceso de todos a la educación y a los servicios públicos, reducir las desigualdades sociales y desarrollar y consolidar la condición salarial. En cambio, las actuales políticas de inserción aparecen como contrapunto a las características anteriores. Obedecen a una lógica de discriminación positiva: se fijan en poblaciones particulares de zonas singulares y despliegan con ellas estrategias específicas. Esto lo hacen a partir de la constatación de que esas poblaciones y zonas tienen menos y son menos: barrios marginales, familias mal socializadas, jóvenes subempleados o inempleables, parados de larga duración... poblaciones que en la coyuntura actual ya no son integrables".

A partir de ahora, el Mercado y no el Estado es el protagonista, y la consecuencia más relevante es la aplicación de medidas de flexibilización y de desregulación en todos los ámbitos, dándose tanto en los mercados financieros como en el mercado de trabajo. Las empresas buscan la competitividad a cualquier precio y anhelan mano de obra que se adapte a su versatilidad. Prefieren zonas francas que se sustraen con más facilidad a la regulación laboral. Algunas autoras feministas han identificado a este neoliberalismo como la extensión de “una economía del trabajo doméstico fuera del hogar”, es decir, se extiende un tipo de trabajo cuyas características lo tenían antes los empleos femeninos, sumamente vulnerables (Sassen, 2003). En este sentido, Sassen (2003: 122), señala el incremento de nuevas segmentaciones en el mercado de trabajo: por un lado, se está debilitando el rol de la empresa al tiempo que se produce un desplazamiento de las funciones del mercado laboral al hogar o la comunidad. Así, esta autora califica a la informalización como un fenómeno que "reintroduce la comunidad y los hogares como un importante espacio económico". Se produce una continua devaluación y feminización del trabajo en esos empleos.

Desde una perspectiva individual, la inserción social se produce a lo largo de las trayectorias vitales, a partir de la socialización durante la infancia y juventud cuando se construye la identidad social de la persona. En ese momento es clave la familia de origen y otros agentes de socialización, como son la escuela, los medios de comunicación, el consumo de masas, los grupos de iguales y el territorio -rural o urbano-. La población reclusa a menudo presenta problemas de abandono familiar, fracaso escolar y dificultades para conseguir un trabajo normalizado.

Desde una perspectiva social, los contextos institucionales e ideológicos vigentes en un momento histórico influyen en las trayectorias de los individuos.

En el caso de la población reclusa, hay que tener en cuenta los cambios en la familia y en las relaciones de género, la política laboral y el mercado de trabajo o la forma en la que se aborde la exclusión social. Si la política social se orienta hacia la integración de colectivos que se han quedado por debajo del nivel de vida considerado mínimo, la política penitenciaria se dirige hacia el control y la integración de las personas que han quebrantado las normas del código penal.

4. El trabajo en las prisiones y sus funciones

Si bien en principio hay una frontera entre pobres y delincuentes, en la práctica se trata de una frontera muy tenue. En efecto, la interacción entre exclusión socioeconómica y población reclusa es una constante en todas las sociedades. De ahí que se considere un problema estructural.

En el pasado se articuló un sistema 'caritativo' con relación a los pobres apacibles y sumisos y resignados y otro 'represivo' con aquellos que se rebelaban. Los patronos no encontraban trabajadores dóciles y responsables, por ello se consideró la vagancia un delito. La burguesía, una vez consolidada tras las revoluciones liberales, se sentía amenazada por las posibles protestas del proletariado organizado. Por ello convierte a los desadaptados en culpables.

Con frecuencia tanto los mecanismos de protección social a los más necesitados como los de represión a través de la justicia, la policía, la cárcel, se aplican sin tener en cuenta las estructuras sociales que generan las situaciones de poblaciones excluidas, trasladando al individuo y a su contexto la responsabilidad de su situación.

El colectivo IOE (2001) señala que la inmensa mayoría de los penados procede de familias en situación económica y laboral precaria, además de contar con una baja cualificación profesional. Así mismo remarcan que "el aparato judicial penal apenas interviene contra los delitos de cuello blanco de empresarios y directivos de empresas públicas o privadas que utilizan la corrupción, el tráfico de influencias, la especulación, la adulteración de productos o el deterioro de ecosistema para rentabilizar sus negocios o acrecentar su poder" (IOE, 2001:21).

Entre los factores más relevantes que contribuyen a delinquir se sitúan, además de la precariedad económica-laboral y la baja cualificación profesional, el desarraigo familiar y las drogodependencias.

¿Qué papel tiene el trabajo en las instituciones penitenciarias?

Varias son las perspectivas que inciden sobre el trabajo en las prisiones: en primer lugar, la legislación internacional y también la española ponen el acento en que el trabajo es un derecho de la población penada —tanto de hombres como de mujeres— que tiene como finalidad principal facilitar la reinserción social. La Constitución Española recoge en su artículo 25.2 el derecho de los presos a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondiente de la Seguridad Social. La ley General Penitenciaria en su artículo 26 indica que el trabajo penitenciario tiene como finalidad el tratamiento.

Desde otros enfoques, el trabajo es considerado un fin en sí mismo para lograr cambiar el comportamiento delictivo de los penados (Filella, 1998). Otros autores  (Wacqüant, 1995; Álvarez y López 2003), destacan ante todo la función económica del trabajo, como ocurre en las cárceles de Estados Unidos de carácter privado. El enfoque neoliberal remarcaría que el preso debe trabajar para que no se produzca un exceso de gasto social público. Se trataría de compensar a la sociedad y a las víctimas del delito de lo que la población delincuente le ha quitado. De hecho, en EEUU se ubican cárceles en zonas deprimidas en las que se organiza el trabajo con empresas del exterior. La persona presa tendría que demostrar que aunque no le apeteciera trabajar en el interior de la prisión, está dispuesta a hacerlo, además de contribuir con su trabajo al coste que supone el mantenimiento de la institución carcelaria y su propia manutención, también para dar ejemplo de que está dispuesta a cumplir con la norma.

Los talleres productivos desempeñan un papel significativo ya que cuentan con un doble estatuto: por un lado socioeconómico y por otro penitenciario. En el primer caso, se trata de espacios donde se practican las llamadas políticas de 'dumping social', es decir, producen a un coste más barato que en el exterior y ello beneficia a las empresas que demandan el trabajo de los presos. En el segundo caso, desde el punto de vista penitenciario, el acceso al  trabajo se configura como un elemento de control de los internos.

Desde el punto de vista de la reinserción social estos talleres no son muy eficaces ya que generan en los presos una escasa cualificación; de hecho, así son la mayoría de los trabajos que se ofertan en las prisiones españolas, aunque alguno puede contribuir a la formación de algún oficio, importante para la reinserción social posterior.

5. Aproximación a los datos: apunte metodológico.

Las fuentes de información han sido los centros penitenciarios y el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATFP). El fracaso en la recogida de datos en los centros penitenciarios, fundamentalmente por los errores introducidos en la definición de la estructura ocupacional y la incapacidad de distinguir en los centros la taxonomía final que se utiliza en el OATFP, hizo que se tuviera que recurrir directamente a las bases de datos centrales del OATFP tras la recogida, en la etapa final. La falta de cohesión y los numerosos errores conceptuales así lo exigían.

No obstante, el resultado de esta decisión no fue negativo, sino que, por el contrario, al disponer el OATFP de un registro individualizado de los trabajadores, sus sueldos, los puestos y algunas variables sociodemográficas la información que ha ofrecido ha sido más completa, válida y fiable

Otra fuente de información utilizada ha sido las entrevistas abiertas realizadas a las mujeres presas. Con ellas se pretendía observar sus trayectorias vitales; el trabajo, como es lógico, ha sido una de las cuestiones más abordadas en su discurso. Los datos manejados en este trabajo se corresponden al año 2010 completo.

6. Estructura ocupacional en las cárceles españolas

En el informe del año 2010, el OATFP expone las características de la estructura laboral del trabajo en prisión haciendo mención a tres grupos de ocupación diferentes: lo que denomina “talleres tradicionales”, los “talleres de servicios penitenciarios” y las "ocupaciones" que tienen como misión realizar trabajos con empresas externas que utilizan recursos físicos y humanos de la prisión para llevar a cabo su producción. Los “talleres tradicionales” son los que se han conocido históricamente como los talleres de trabajo productivo; éstos proporcionaban el trabajo remunerado contratado por empresas externas o el que se realizaba para cubrir algunas necesidades del propio sistema penitenciario. Los “talleres tradicionales” según este informe son: los talleres textiles de confección industrial, la  carpintería metálica, las artes gráficas, la carpintería de madera, los manipulados que se encargan de preparar los lotes higiénicos que se envían al resto de las prisiones, los talleres de electricidad y electrónica cuya misión es la de reparar equipos informáticos de los economatos de las prisiones y se asimila a manipulados como categoría laboral, los talleres de agropecuaria que produce algunos productos para el autoconsumo y los talleres de producción de artesanía.

El grupo de los talleres de servicios penitenciarios está compuesto por los que trabajan en torno a la preparación y distribución de alimentos (cocina, panadería y repostería) y en las actividades auxiliares (limpieza, peluquería, lavandería, reparto de alimentos y otros con menor ocupación como socorristas), economatos y mantenimiento de instalaciones. La equiparación legal de estas tareas ha hecho que muchos trabajos que antes se realizaban para conseguir beneficios penitenciarios ahora se realicen cobrando un salario.

El tercer grupo de ocupación se refiere a los talleres que colaboran con empresas externas.  En el informe del 2010 la distribución de estos talleres fue la que se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 1.  Talleres de trabajos realizados para empresas externas.

ESPECIALIDADES PRODUCTIVAS
Manipulados I	22 talleres	Cerámica	1 taller
Confección Industrial	10 talleres	Carpintería de madera	8 talleres
Manipulados II	112 talleres	Panadería	2 talleres
Carpintería Metálica	32 talleres	Prestación de Servicios	4 talleres

Fuente: Informe 2010 OATFP

Como se puede observar, esta relación es un poco confusa, puesto que algunos talleres tradicionales son utilizados por las empresas que contratan externamente y no se distingue muy bien la estructura laboral cuando nos referimos a una u otra categoría. Este fue el motivo de los errores en la codificación de los indicadores de trabajo cuando se recogieron los datos. La diferenciación tradicional entre talleres productivos y servicios auxiliares había cambiado y algunos centros no sabían lo que se estaba solicitando. Por este motivo, se considera más adecuado utilizar como referencia la estructura salarial relacionada con las ocupaciones.

Atendiendo a esta clasificación, se puede decir que el trabajo en las prisiones españolas se  divide en tres grupos de ocupación:

Grupo I (los llamados talleres auxiliares) que agrupan las actividades de limpieza, reparto de comida, mantenimiento básico, auxiliares de biblioteca etc. Es el escalón más bajo; un trabajador gana 2,59 euros la hora.

El Grupo 2 agrupa a los talleres tradicionales y los manipulados realizados para empresas. Son trabajos manuales que en su mayoría no requieren gran cualificación, a excepción de la cocina y la panadería que necesita de un curso de formación, muy valorado entre los presos por su repercusión en las posibilidades de trabajo en el exterior. El sueldo del Grupo 2 es de 3,66 euros la hora y hay una categoría de operario superior que gana 4,39 euros.

El Grupo 3 está compuesto por los trabajos externos mejor pagados y valorados. Son trabajos realizados para empresas que tienen una organización similar a la del exterior.

 Cuadro 2. Categorías ocupacionales y sus retribuciones en el trabajo en prisión

GRUPO OCUPACIÓN	ESPECIALIDADES	OPERARIO BASE	OPERARIO SUPERIOR
I	ECONOMATO	2,59
	ACTIVIDADES AUXILIARES	2,59
II	MANIPULADOS I	3,66
	CONFECCIÓN INDUSTRIAL	3,66	4,39
	MADERA	3,66	4,39
	ARTES GRÁFICAS	3,66	4,39
	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	3,66
	CERÁMICA	3,66
	COCINA	3,66
	PANADERÍA	3,66
	AGROPECUARIA	3,66
III	MANIPULADOS II	3,77
	MANTENIMIENTO	3,77
	METALICA	3,77
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,77

Fuente: OATFP

Para tener una idea aproximada de la dimensión que representa el trabajo penitenciario se pueden utilizar dos indicadores: el volumen de facturación, que durante los años 2010 y 2011 han rondado los 177 millones de euros y, el tamaño de la población reclusa que durante el año 2010 estuvo involucrada en algún trabajo remunerado que fue de un 34,1%. Eso significa que 22.268 personas diferentes realizaron alguna actividad laboral.

La distribución por sexo de este grupo de trabajadores es similar al de la población penitenciaria general, aunque las mujeres mejoran su peso comparativamente: 1 de cada 10 personas que tienen un trabajo remunerado son mujeres. Las mujeres trabajadoras representan el 9,9% de la población trabajadora total, mientras que su peso entre la población penitenciaria general fue del 8,1%.

Cuadro 3.  Población reclusa general y población trabajadora en las cárceles españolas (2010)

	POBLACIÓN GENERAL (MEDIA 2010)		POBLACIÓN TRABAJADORA
	n	%	N	%
Hombres	60.031	91,9	20.064	90,1
Mujeres	5.265	8,1	2.204	9,9
Total	65.296	100	22.268	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OATFP ofrecidos a SINDISCRIP.

Estos primeros datos muestran también que la tasa de actividad femenina fue del 41,86% mientras que la de los varones es del 33,42%; es decir, algo más de 4 de cada diez mujeres trabajan, mientras que en el caso de los varones es tres de cada nueve.

En principio, la ocupación entre varones y mujeres no muestra desigualdades significativas. Ahora bien, las diferencias comienzan a producirse cuando se analizan otros componentes de la estructura ocupacional, como el grupo profesional en el que fueron ocupados unos y otras, o cuando se desciende a las condiciones de trabajo en cuestiones como el tiempo de trabajo y sus efectos sobre el salario.

Si analizamos la forma en que se distribuyen en los tres grupos de ocupación se observa que mientras las mujeres siguen una estructura piramidal, en la que la base la constituye el Grupo  1 con un 62,2%, el segundo escalón -el Grupo 2-, con casi la mitad de peso (33,3%) y un ínfimo 3,8% que participan en el grupo 3, el más valorado; los varones se distribuyen de manera más homogénea entre el Grupo 1 (casi la mitad se ocupan en este nivel, 49,9%) y el Grupo 2 (41,9%). En el Grupo 3 trabajan el 8,9%.

Cuadro 4.  Distribución de la estructura ocupacional de la población reclusa según sexo y grupo de ocupación

	Varón		Mujer
	n	%	n	%
Grupo 1	9873	49,2	1386	62,9
Grupo 2	8413	41,9	735	33,3
Grupo 3	1777	8,9	83	3,8
Total	20063	100	2204	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OATFP ofrecidos a SINDISCRIP.

Si realizamos este análisis teniendo en cuenta sólo los centros en los que conviven varones y mujeres, se observa cómo la estructura de las mujeres se polariza. Entonces, siete de cada diez mujeres trabajan en el Grupo 1 y la participación en el Grupo 3 se queda en un irrelevante 1,5%. El peso del Grupo 2 también se reduce en 3% respecto al general (30%).

En síntesis, las mujeres están más ocupadas que sus compañeros en el Grupo 1 y prácticamente no participan en el Grupo 3, el más especializado; sólo 25 de las 83 mujeres que trabajan en el Grupo 3 están en centros mixtos. En el Grupo 2 mantienen una presencia acorde a su peso (8%)  porque en este grupo se incluye los trabajos de cocina y hay centros penitenciarios en el que esta tarea la realizan mujeres.

Al realizar un análisis del reparto en el interior de cada grupo, las diferencias manifiestan que las mujeres están sobrerrepresentadas en el Grupo 1 porque su peso es del 12,3% mientras que entre la población general suponen un 8%, y en el grupo 3 están infra representadas, donde sólo alcanzan el 4,5% del peso total del grupo. En el grupo intermedio, su peso se corresponde exactamente (8%).

La primera idea que se puede extraer de estos resultados es que las mujeres están más ocupadas que los varones pero lo están en las peores tareas. La segunda, es que su ocupación se centra mayoritariamente en los cuidados (cocina, lavandería) y en la limpieza. Como conclusión, el sistema penitenciario crea y reproduce desigualdades entre mujeres y varones al asignar este reparto del trabajo.

Hay una justificación recurrente de la institución sobre la baja cualificación de las mujeres y su celo en las tareas de limpieza para hacer esta distribución. También, se argumentan motivos de seguridad que justifican su exclusión de los “talleres tradicionales” o de los trabajos remunerados mejor pagados. Lo que parece evidente es la necesidad de revisar la forma en que se realiza el acceso a los puestos de trabajo en las prisiones españolas teniendo en cuenta la perspectiva de género.

            6.1. La ocupación de los extranjeros

Otro aspecto relevante a la hora de analizar la estructura ocupacional es el origen, según su nacionalidad, de las personas que trabajan. Existe el convencimiento tanto entre las mujeres extranjeras como en el funcionariado de las prisiones que el reparto del trabajo es equitativo e, incluso, que los extranjeros están en mejor situación laboral.

Los datos del siguiente cuadro no parecen indicar que globalmente ésta fuera la situación durante el año 2010. En general, si la población española representaba el 65,71%, su peso entre la población trabajadora fue del 78,31%, es decir una sobre representación de casi el 13%. Por sexo, los varones que deberían alcanzar el 31,14 sólo lo hicieron hasta el 19,43%. Las mujeres extranjeras, cuyo peso es del 3,15% entre la población general sólo tuvieron un peso de 2,26%, casi un 30% menos. Es decir los varones extranjeros llegaron al 62,39% del peso que les correspondería y las mujeres al 71,74%.

Cuadro 5. Población reclusa y ocupada según nacionalidad y sexo en las cárceles españolas (2010)

	POBLACIÓN GENERAL (MEDIA 2010)					POBLACIÓN TRABAJADORA
	ESPAÑOLA		EXTRANJERA		TOTAL	ESPAÑOLA		EXTRANJERA		TOTAL
	N	%	N	%	n	N	%	n	%	N
Hombres	39.699	60,80	20.332	31,14	60.031	15.738	70,68	4.326	19,43	20064
Mujeres	3.206	4,91	2.058	3,15	5.265	1.700	7,63	504	2,26	2204
Total	42.905	65,71	22.390	34,29	65.296	17.438	78,31	4.830	21,69	22268

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OATFP ofrecidos a SINDISCRIP.

Al observar la estructura ocupacional de los españoles y extranjeros por sexo,  comprobamos alguna diferencia que puede estar en el origen de la percepción de la posición que ocupan los extranjeros en el trabajo. Tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres su peso en el Grupo 1 es inferior en un 5% aproximadamente al de la población española y superior en el Grupo 2 en un 10% en el caso de los varones y en un 4% en el caso de las mujeres. Es decir, tanto unos como otras ocupan mejores puestos comparativamente que los españoles, aun cuando la proporción es pequeña.

Otro aspecto relevante a la hora de analizar la estructura ocupacional es el origen, según su nacionalidad, de las personas que trabajan. Existe el convencimiento tanto entre las mujeres extranjeras como en el funcionariado de las prisiones que el reparto del trabajo es equitativo e, incluso, que los extranjeros están en mejor situación laboral.

Los datos del siguiente cuadro no parecen indicar que globalmente ésta fuera la situación durante el año 2010. En general, si la población española representaba el 65,71%, su peso entre la población trabajadora fue del 78,31%, es decir una sobre representación de casi el 13%. Por sexo, los varones que deberían alcanzar el 31,14 sólo lo hicieron hasta el 19,43%. Las mujeres extranjeras, cuyo peso es del 3,15% entre la población general sólo tuvieron un peso de 2,26%, casi un 30% menos. Es decir los varones extranjeros llegaron al 62,39% del peso que les correspondería y las mujeres al 71,74%.

Cuadro 5. Población reclusa y ocupada según nacionalidad y sexo en las cárceles españolas (2010)

	POBLACIÓN GENERAL (MEDIA 2010)					POBLACIÓN TRABAJADORA
	ESPAÑOLA		EXTRANJERA		TOTAL	ESPAÑOLA		EXTRANJERA		TOTAL
	N	%	N	%	n	N	%	n	%	N
Hombres	39.699	60,80	20.332	31,14	60.031	15.738	70,68	4.326	19,43	20064
Mujeres	3.206	4,91	2.058	3,15	5.265	1.700	7,63	504	2,26	2204
Total	42.905	65,71	22.390	34,29	65.296	17.438	78,31	4.830	21,69	22268

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OATFP ofrecidos a SINDISCRIP.

Al observar la estructura ocupacional de los españoles y extranjeros por sexo,  comprobamos alguna diferencia que puede estar en el origen de la percepción de la posición que ocupan los extranjeros en el trabajo. Tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres su peso en el Grupo 1 es inferior en un 5% aproximadamente al de la población española y superior en el Grupo 2 en un 10% en el caso de los varones y en un 4% en el caso de las mujeres. Es decir, tanto unos como otras ocupan mejores puestos comparativamente que los españoles, aun cuando la proporción es pequeña.

6.3. Procesos de selección, formación y biografías laborales

Los datos laborales expuestos hasta el momento muestran las desigualdades que se producen entre los varones y las mujeres, y entre ellos cuando se considera su origen. Durante la investigación hubo una búsqueda incesante de indicadores que estuviesen relacionados con estas desigualdades y que pudiesen aportar información sobre los factores que provocaban estas diferencias.

En principio, el área de educación y la formación previa de las personas presas podría explicar parte de las desigualdades observadas, pero cuando se indagaron estos indicadores, los resultados mostraban que la situación educativa de partida de las mujeres era o similar o un poco mejor que la de sus compañeros y que su participación en el sistema educativo era mayor. En este campo de la capacitación también se tuvo en cuenta el acceso que tenían las mujeres a las acciones dirigidas al empleo. El resultado fue que la tasa media de participación de mujeres por cada 100 mujeres en esta actividad era de 39, mientras que los varones era casi de la mitad (21), lo que eliminaba también este factor.

Descartada la formación previa y su participación en la capacitación laboral y educativa, el segundo campo de observación fueron cuestiones relacionadas con el régimen punitivo que pudiera provocar su exclusión de determinados puestos del mercado laboral. Esta cuestión parecía poco consistente porque el problema no es de cantidad de participantes sino de cualidad de los puestos ocupados. Pero había un resquicio a la consideración de diferencias en las sanciones muy graves, que conducen al aislamiento e impiden el trabajo más formalizado (talleres productivos) o un elevado número de sanciones graves que conducen a esta misma exclusión como castigo. Aunque es cierto que hay centros en los que se producen diferencias en las tasas de sanciones que inciden más sobre las mujeres, de ningún modo estas cuestiones puede explicar las desigualdades.

Así, se puso el foco en las biografías laborales previas y en la conexión que éstas pudieran tener con las biografías laborales en prisión. De este modo se comprobó que gran parte de estas mujeres había realizado trabajos de muy baja cualificación relacionados con los cuidados y las tareas de  limpieza, sobre todo aquellas que provenían de capas sociales muy bajas. En ellas coincidía también que tenían un nivel de cualificación muy bajo o incluso eran analfabetas, como ocurre con algunas mujeres de la etnia gitana. Una hipótesis plausible podía ser que fueran ellas mismas las que solicitaran ese tipo de trabajo en lugar de querer acceder a los puestos de talleres productivos. Es decir, quizá fueran ellas las que provocasen la situación al reclamar un empleo que ya conocían y en el que se sintieran más cómodas, sobre todo, también, porque el trabajo en los talleres productivos es mixto y no está bien visto o incluso es motivo de enfrentamiento con sus parejas. Esta es una de las explicaciones que se halla en el discurso del funcionariado. Sin embargo, se analizaron las entrevistas abiertas que se habían realizado para confeccionar los indicadores, única fuente sobre percepción del trabajo de la que disponíamos, y los relatos mostraban con claridad lo contrario. Aunque para ellas es más fácil acceder a la limpieza, la lavandería o ser auxiliar de cocina u otras tareas, declaraban que lo que les gustaría sería incorporarse a los talleres mejor pagados. Obviamente, conocen que no hace falta formación para muchos de esos talleres e, incluso, saben que pueden capacitarse sin problemas.

El análisis, en consecuencia, nos condujo hacia los procesos de selección y asignación de las mujeres a los puestos de trabajo. La responsabilidad de esta tarea no recae sobre una sola persona, puesto que al estar asociado el trabajo al tratamiento penitenciario y a la clasificación individual, las juntas de evaluación tienen que certificar formalmente la incorporación. Sin embargo, la figura clave de este proceso es el Educador del Módulo porque es quien toma gran parte de la decisión. En las entrevistas, las mujeres mostraban que el camino para conseguir trabajo era solicitarlo constantemente a estos funcionarios.

La estrategia tiene similitud con las biografías fordistas, es decir, se comienza a trabajar de meritorio sin cobrar, se pasa a ser aprendiz cobrando esporádicamente al realizar alguna sustitución y, finalmente, se releva en el puesto a la persona que lo realizaba habitualmente.  Claro está, todo este proceso no conduce a una formación especializada en las categorías  del Grupo 1, eso sólo sucede con algunos talleres del Grupo 2 como la panadería y con casi todos los del Grupo 3.

Este proceso puede durar años y no siempre concluye exitosamente. En principio, antes de comenzar a hacer méritos hay que pasar de preventivo (en espera de juicio) a penado. Esta es una condición imprescindible puesto que durante la etapa de preventivos se producen traslados para juicio o de centros penitenciarios que afectan a la organización del trabajo. El tiempo de preventivos es un tiempo de espera. Una vez que se conoce la sentencia y se llega al centro en el que se supone se cumplirá, la duración de la condena es también importante, si la sentencia es corta es difícil conseguir empleo. Superadas estas fases se comienza con la carrera para conseguir el puesto. Durante ese tiempo, los traslados de centro, las sanciones o el cambio de grado pueden suponer tener que comenzar de nuevo. La rotación es altísima. Sólo hay que tener en cuenta que si durante el año 2010 el OATPFE declaró que tenía una ocupación media de 12.333 empleos, en ese mismo período los datos de la investigación nos dicen que participaron 22.268 personas.

Aunque formalmente existen factores que influyen en el proceso de selección, la clave parece estar en el tiempo de espera o, al menos, eso es lo que declaran los que realizan la selección. Entre las presas se habla de que este supuesto factor objetivo es vulnerado cuando conviene a la institución. Un breve repaso a las entrevistas y a las dificultades que han tenido para acceder al trabajo muestra cómo las personas que tienen un mayor nivel educativo llegan antes y a los mejores puestos.

Este proceso y la arbitrariedad con la que se pueden llevar a cabo constituyen elementos de control social relevantes del sistema. Sólo hay que pensar en las situaciones que describen las extranjeras que no tienen arraigo ni apoyo económico familiar, que tampoco tienen dinero porque se le suele confiscar cuando se las detiene porque se considera relacionado con el tráfico de drogas y que, además, pueden tardar varios meses o años en poder trabajar para conseguir algunos ingresos. Sin duda, una situación de extrema vulnerabilidad que debería ser considerada como elemento de decisión en la asignación del trabajo.

Respecto a las desigualdades que se producen, el análisis permite considerar que aunque se mantiene de un modo informal las cuotas de participación de las mujeres que permiten explicar la situación en términos de igualdad, en la práctica, existe una visión sexista que proviene de la cultura patriarcal y de la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Convendría objetivar los procesos de selección en torno a políticas de igualdad que consideraran la vulnerabilidad como eje de la acción. Al fin y al cabo, la obligación de la institución es mejorar las posibilidades de los presos al reingreso, no mantener las desigualdades estructurales que se producen fuera.

7. CONCLUSIONES

La primera idea que se puede extraer de estos resultados es que las mujeres están más ocupadas proporcionalmente que los varones.

La segunda idea es que su ocupación es de peor calidad porque se centra mayoritariamente en los cuidados (cocina, lavandería) y la limpieza, que son los grupos de actividad peor considerados y peor pagados. El efecto de esta distribución del trabajo es que las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los varones porque están en las categorías más bajas y porque se les asigna menor tiempo de trabajo.

La tercera idea que se pone de manifiesto en los resultados es la infrarrepresentación de los extranjeros entre la población trabajadora, indiferentemente del sexo, y su leve mejor posición en la estructura ocupacional.

La cuarta idea es que no existen elementos objetivos (educación, formación previa, biografías laborales etc.) que justifiquen esta división del trabajo. El origen está en los procesos de selección que, al no estar suficientemente objetivados y orientados a políticas de erradicación de las desigualdades, reproducen una desigualdad estructural que, por otro lado, es similar a la que se produce fuera de prisión.

 A continuación, se proponen una serie de indicadores para averiguar el grado de discriminación en el área de trabajo.

8. Propuesta de indicadores de discriminación en prisión: área de trabajo

INDICADORES DE EMPLEO

EMPLEO 1	Población asalariada
Definición	Conjunto de personas que dentro del centro penitenciario y durante el período de referencia han recibido alguna remuneración salarial por su trabajo.
Fórmula de cálculo
Interpretación	Es el número de personas diferentes que han percibido alguna remuneración por trabajo durante un año.
Fuente de Información	Área de trabajo del OATPFE
Nivel de desagregación	Sexo / Origen (español o extranjero) / Centro penitenciario
Periodicidad	ANUAL
Limitaciones	Se debe tener cuidado para seleccionar bien las personas que han recibido remuneración y evitar la duplicación de registros de los que han trabajado en varios meses, puestos de trabajo o centros. Es decir, hay que seleccionar por un registro único como el DNI. Este indicador sustituye al propuesto de “población ocupada”. El motivo es que hay personas que están empleadas y no cobran porque están en periodo de aprendizaje o de meritorio.

EMPLEO 2	Tasa de ocupación general
Definición	Población asalariada entre la población penitenciaria del centro.
Fórmula de cálculo
Interpretación	Se obtienen el porcentaje de personas ocupadas en general. Al cambiar las variables de cómputo de la desagregación se obtiene el porcentaje de ocupación por cada uno de los grupos según el origen y el centro.
Fuente de Información	Área de trabajo del OATPFE
Nivel de desagregación	Sexo / Origen (español o extranjero) / Centro penitenciario
Periodicidad	ANUAL

EMPLEO 3	Ocupación según el tipo de actividad
Definición	Población asalariada según el grupo de actividad en el que trabajan entre la población asalariada de cada grupo específico.
Fórmula de cálculo
Interpretación	Se obtiene la estructura ocupacional. Al cambiar las variables de cómputo de la desagregación se obtiene la estructura ocupacional según sexo y origen.
Fuente de Información	Área de trabajo del OATPFE
Nivel de desagregación	Sexo / Origen (español o extranjero) / Centro penitenciario
Periodicidad	ANUAL

EMPLEO 4	Tiempo de trabajo según el grupo de ocupación
Definición	Suma de horas trabajadas por la población asalariada entre la población penitenciaria del centro
Fórmula de cálculo
Interpretación	Se obtiene la distribución de horas realizadas por cada grupo demográfico. Al cambiar la base de cómputo según el grupo de actividad se obtiene la distribución de las horas por grupo de actividad y grupo demográfico
Fuente de Información	Área de trabajo del OATPFE
Nivel de desagregación	Sexo / Origen (español o extranjero) / Centro penitenciario
Periodicidad	ANUAL

EMPLEO 5	Salario según el grupo de ocupación
Definición	Suma de euros cobrados por la población asalariada entre la población asalariada
Fórmula de cálculo
Interpretación	Se obtiene la distribución de horas realizadas por cada grupo demográfico. Al cambiar la base de cómputo según el grupo de actividad se obtiene la distribución de las horas por grupo de actividad y grupo demográfico
Fuente de Información	Área de trabajo del OATPFE
Nivel de desagregación	Sexo / Origen (español o extranjero) / Centro penitenciario
Periodicidad	ANUAL

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[1] El trabajo que se expone a continuación forma parte de los resultados del proyecto SINDISCRIP (Sistema de Indicadores de Discriminación en Instituciones Penitenciarias), realizado con la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad en su convocatoria de proyectos de I+D+I de 2009. El proyecto fue dirigido por la profesora Consuelo del Val. El equipo de investigación lo conformaron la profesora Lola Frutos (UM), los profesores de la UNED Marisa García de Cortázar, Antonio Viedma, Jesús Gutiérrez, Fernando Reviriego y la Psicóloga de IIPP Concepción Yagüe.

[2] Toda la información expuesta se refiere a las prisiones del ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la Administración General del Estado.